El agua, una lucha desbordada por el poder
-  Sonora SI: un asunto de lealtades y deslealtades
-  Falla el Estado en seguridad, acepta Munro
-  Todos querían tocar a Beltrones

POR: XAVIER FLORES
Sonora está dividido. Como un estado libre y soberano, se partió en dos: los que viven en el sur y los que viven en el centro; o lo que es lo mismo: los que viven en Ciudad Obregón y los de Hermosillo, ya no es un sólo Sonora, desde el día en que el gobernador panista Guillermo Padrés Elías decidió proponer el proyecto hidráulico, denominado Sonora SI que afectó los intereses de mucha gente, precisamente en el sur.
Se trata de un Sistema Integral (SI) que plantea la construcción de varias obras de infraestructura, presas y acueductos, principalmente. Se trata de 11 mil 200 millones de pesos invertidos en tres años para garantizar que en los próximos treinta años, en todo Sonora, se cuente con el agua suficiente en los hogares.
Se trata de inversión privada, mayoritariamente, y de recursos públicos de los tres órdenes de gobierno. Se trata, también, de una inconformidad social en el segundo municipio más grande del sur –Cajeme– donde están asentados poderosos productores agrícolas, políticos influyentes y miles de personas que se han dejado llevar por la desinformación y fueron envueltas en el egoísmo del poder.
Este análisis no pretende explicar que el tema del agua ha pasado a un nivel alto de politización, porque eso en Sonora ya lo saben todos. De lo que se trata es de demostrar que cuando se gobierna, hay deslealtades y el partido opositor no puede desaprovechar la oportunidad para dar el mejor golpe.
Guillermo Padrés conoce muy bien esta diferencia. Lo admitió a mediados de marzo cuando se le preguntó su opinión sobre la postura del Partido Revolucionario Institucional al respecto del Sonora SI. Durante varias semanas, el PRI ha criticado el plan hidráulico, principalmente por la forma en la que será financiado, pues se ha alimentado la creencia de que dejará una importante deuda y que el precio del agua se encarecerá por la acción de la Iniciativa Privada en su extracción y distribución.
En los días posteriores, un grupo de regidores y diputados de ese partido elaboraron un supuesto plan para abastecer de agua a Hermosillo y eliminar de fondo el racionamiento de agua implementado desde enero en toda la ciudad.
Cuando a Padrés se le preguntó eso, sólo atinó a decir que ello forma parte de ser opositor, que a él ya le había tocado serlo en su momento y que así es como funciona la política –palabras más, palabras menos–.
El plan Sonora SI, cuando fue presentado por primera vez en Ciudad Obregón, comenzó a generar descontento al comprender lo que llevaba implícito. Como parte de las obras, el Sonora SI incluyó la construcción de un enorme acueducto desde la presa El Novillo, en el sur, hasta Hermosillo, en el centro. Esto provocó un severo conflicto entre la gente de Ciudad Obregón y los de la capital sonorense, definido por una lucha perenne por controlar el agua y, por supuesto, el poder.
Comenzaron a relucir los apellidos, los Bours, los Castelo, productores agrícolas y pecuarios de siempre, cuya materia prima es el agua, abundante en el sur gracias a la cuenca del Río Yaqui y a la siempre rebosante presa El Oviáchic.
Ningún productor está dispuesto a ceder. Argumentan que si aprueban el plan Sonora SI, tal como lo propuso el Gobernador, con todo y acueducto de El Novillo, se quedarían sin agua y les iría mal en las cosechas, y argumentan que desde hace algún tiempo no han podido tener segundos cultivos.
El asunto no es del todo político, tiene que ver también con lealtades y deslealtades. Políticos panistas, como el senador Javier Castelo Parada, el ex alcalde de Cajeme Jesús Félix Holguín y el actual alcalde de ese municipio sureño, Manolo Barro Borgaro, han dado muestras de que hay intereses más fuertes que el propio partido.
El senador ha mostrado una fuerte resistencia al plan Sonora SI. Él es un productor de hortalizas en invernadero y, aunque esta actividad no le exige tanta agua, sabe que si mantiene el rechazo se ganará el apoyo de los poderosos e influyentes del sur y que se lo podrían agradecer en los próximos años, tal vez en algunos comicios. Él está en el Senado luego de competir y ganar en fórmula con el actual Gobernador, a quien saluda a veces con un falso disimulo de cordialidad.
Ha sido una figura relevante en el sur de Sonora, con su negativa a la construcción del acueducto. Como si fuese un especialista en materia del agua, sugiere que se extraiga agua de la costa de Hermosillo para surtir a la ciudad y dejar en paz a El Novillo. Los verdaderos expertos se han cansado de explicarle que los mantos en la costa están sobreexplotados.
Lo mismo le han explicado al ex alcalde de Cajeme, que tampoco entiende razones y que guarda muy bien sus intereses con los productores del sur, donde la familia del ex gobernador priista Eduardo Bours tiene mucha influencia.
Y en esta historia de lealtades con muchos y deslealtad con uno solo –en este caso con el Gobernador– se suma el actual alcalde de Cajeme, Manolo Barro, quien según los operadores del mandatario es visto como un hombre indefinido, capaz de decir un día que no permitirá que se tomen decisiones que afecten al desarrollo de su municipio –como “robarles” el agua– y otro día decir que sí apoya el proyecto del sexenio, aunque no después se retracte.
Manolo Barro está en una situación incómoda. No sabe qué hacer y ha puesto en duda su naciente liderazgo por rumbos del sur.
Lo que es un hecho es que el Gobernador ha visto las actitudes de estos tres cajemenses panistas como desleales, los mismos que pudieron tener grandes escaladas en el gobierno “padresista”, pero que han decidido jugarse el todo por el poco y han resultado fuertes opositores a la construcción del acueducto.
Ahora, aquí valdría plantearse dos pequeñas dudas: ¿Será que esta factura se la cobrará pronto el mandatario? ¿O será que esto podría tener repercusiones inmediatas en Ciudad Obregón y que el Gobernador olvidará su discurso de ser municipalista?

Falla el Estado en Seguridad
Bueno, no es nada nuevo. Por más que el Gobierno del Estado predique como una letanía que Sonora es el más seguro de toda la frontera, siempre habrá uno, dos o diez ejecutados al día que le recuerden que aun con ese mote sigue habiendo inseguridad y que hay fallas que todavía no se arreglan.
El 9 y 10 de marzo, el secretario de Seguridad Pública, Ernesto Munro, y el procurador general del Justicia, Abel Murrieta, fueron llamados a comparecer al Congreso del Estado, por un grupo de diputados, que a decir verdad este tipo de comparecencias sólo sirven de parafernalia y no como una real acción que permita diseñar y aplicar estrategias en el combate al crimen organizado, principal dolor de cabeza de la actual administración estatal.
O mejor aún, que le hubiera permitido al Congreso destinar mayores presupuestos, ya no digamos al control, sino al combate de este problema, algo imposible porque los recursos ya están etiquetados. Pero querían espectáculo y lo tuvieron. Primero con Munro, que admitió que hay una falla severa en materia de seguridad porque muchos elementos policiacos que se supone están para cuidar a la ciudadanía, están inmiscuidos con grupos ligados al narcotráfico.
Aunque habló de la importancia del nuevo y moderno Centro de Evaluación, Control y Confianza, en el cual los policías serán sometidos a distintas pruebas, no pudo hablar de acciones a muy corto plazo para prevenir más actos delictivos en Sonora. Finalmente su trabajo –ha insistido mucho– es meramente preventivo.
El espectáculo continuó con la presencia del procurador Murrieta, en una sala llena de periodistas que estaban cazando la frase más vendedora para la edición del día siguiente. El fiscal les habló con la verdad y admitió también varias fallas, como el hecho de que no se ha podido avanzar en el combate al narcomenudeo y que hace falta una mayor cantidad de elementos policiacos y, sobre todo, un mayor presupuesto cada año.
En respuesta a estas comparecencias, y para que nadie diga que los diputados no hacen nada, se aprobó en una sesión del Pleno enviar un exhorto a los gobiernos estatal y federal para que destinarán más elementos policiacos a las carreteras de Sonora. ¡Vaya petición! No se les pudo ocurrir nada más atractivo, aunque fuera para los encabezados periodísticos. Esa, señores diputados, es una propuesta que ya ha hecho en repetidas ocasiones el Gobierno del Estado. El resultado ha sido una respuesta a medias, con el envío de sólo 400 de mil policías federales solicitados.

Beltrones, el más deseado
No hay sonorense más influyente en la política actual mexicana, que el ex gobernador y actual senador Manlio Fabio Beltrones, quien recientemente estuvo en Hermosillo para ofrecer una conferencia en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, sobre su propuesta de Reforma Política, con la que sugiere la reelección inmediata de diputados y alcaldes y la reducción de legisladores en el Congreso de la Unión, dos medidas que han sido sonoramente aplaudidas por la clase política de todo el país.
No es anormal que Manlio sea el centro de atención adondequiera que vaya. Él sabe que es deseado por muchos políticos que pretenden escalar en la política de este país. Sabe que es un hombre poderoso, que todos le rinden pleitesía y que la inmensa mayoría lo respeta, tal vez por conveniencia o tal vez de forma sincera.
A ese encuentro con estudiantes universitarios también acudió una gran cantidad de políticos sonorenses, principalmente priistas ex colaboradores del ex gobernador Eduardo Bours, entre los que se encontraba el ex candidato a la gubernatura por el PRI, Alfonso Elías Serrano; la ex diputada Claudia Pavlovich; así como un nutrido grupo de políticos.
El encumbrado político sonorense, candidateable para la Presidencia de la República en 2012, recibió a todos con un aparente gusto. Ya sabe que puede necesitarlos para construir su eventual candidatura desde Sonora. Los otros saben, seguramente, que esto puede resultar ser un gran negocio.
Aunque en esta ocasión Manlio se negó a hablar de sus pretensiones políticas, dejó en claro que el que manda en el país es él, sin tener la investidura presidencial todavía.

Abel Murrieta. Procurador de Justicia en la entidad.

David Galván. Presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso Local.

Ernesto Munro Palacio. Secretario de Seguridad Pública en Sonora.

Guillermo Padrés Elías. Jefe del Ejecutivo estatal.

Javier Castelo Parada. Senador del PAN.Javier Gándara Magaña. Munícipe de Hermosillo.

Manlio Fabio Beltrones. Senador priista.

Manolo Barro Borgaro. Presidente de Cd. Obregón, Sonora.

El caos de una década que comienza

• Pesimismo financiero: las perspectivas económicas van hacia la baja
• Sin agua para la producción ni para la supervivencia humana
• El gran reto gubernamental: resolver a fondo el caso de la guardería ABC

POR: XAVIER FLORES
Al iniciar la nueva década se vislumbra un panorama sinuoso, lleno de complicaciones financieras, políticas y sociales que pondrán de cabeza a los gobiernos, desesperanzarán a los ciudadanos y sembrarán el pánico, reforzando el desaliento general. Tal vez sea una apreciación pesimista y lo es. El resultado de la década pasada no ha dejado rastros de optimismo en la percepción humana consciente.
Este análisis no tiene relación con cuestiones de partidos políticos ni intenta siquiera diferenciar un gobierno de otro o unas siglas de otras con colores distintos. Si nos enfocamos a la década pasada para hablar del pesimismo en el que está sumergido el país llegaremos a la conclusión de que ni el ex presidente Vicente Fox Quesada ni el actual jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón Hinojosa, han atendido de fondo los problemas financieros, el combate a la pobreza y los conflictos sociales, temas conocidos por todos.
Este análisis es de cada persona. Se refiere a la respuesta que puedan darle a preguntas cómo ¿Cuánto dinero le he dado a los gobiernos a través de cada impuesto -anualmente elevado- para que implemente programas que me beneficien directamente? ¿Qué han hecho para que los pobres dejen de ser más pobres y puedan al menos adquirir los productos de la canasta básica? ¿Por qué de todos mis impuestos le dan la mayoría a los partidos políticos, a los diputados, a los senadores? ¿Qué han hecho ellos por mí? ¿Por qué México no ha logrado tener una economía sólida?.
No es que suene a anarquismo. Indudablemente no se propugna por la desaparición del poder ni del gobierno, pero sí que se haga un trabajo más efectivo. Si bien es cierto que estos problemas han sacudido al país entero a lo largo de su historia, también es cierto que en la década pasada se ha resentido más en una sociedad que intenta abrirse paso por un camino peligroso hacia el inicio de la democracia.
Hay pesimismo financiero porque las perspectivas económicas de inicios de 2010 están cabizbajas, sin aliento. Frente a la crisis, la intervención del Estado es importantísima para el futuro de la economía mexicana.
Este año, el Gobierno federal tiene un techo financiero de tres billones de pesos con los que, en teoría, deberá generar las condiciones necesarias para mejorar la infraestructura, generar empleos, hacer de México un país atractivo para atraer inversiones y darle respuestas a las preguntas anteriores.
En teoría, los gobiernos deben instrumentar una mejor política de asignación de esos recursos y consolidar una verdadera y permanente política económica de Estado.
Aquí cada vez hay más pobres. En lugar de cambiar la tendencia y de bajar la flecha de las estadísticas, ésta sigue disparada hacia las cifras más altas de miseria. Lo dijo la Secretaría de Desarrollo Social recientemente: “Para el próximo año, más de la mitad de los mexicanos vivirá en algún tipo de pobreza y una cuarta parte en pobreza extrema”.
Esto significa que 57 millones 195 mil personas no tendrán recursos para acceder a salud, educación, vivienda y transporte, y 26 millones 300 mil mexicanos ni siquiera alcanzarán a comprar una canasta básica.
En Sonora el panorama no es distinto. El gobernador Guillermo Padrés, que deberá ejecutar 33 mil millones de pesos este año, tiene en sus manos la oportunidad de garantizar las condiciones necesarias para la creación de empleos, la instalación de nuevas empresas y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Sin agua, los proyectos tienden a secarse
Con esos 33 mil millones de pesos y con los que consiga de la Federación, el Gobernador también tiene que apoyar los proyectos para garantizar el abasto de agua en Hermosillo, una ciudad que se está quedando seca gracias a la falta de visión a futuro de las administraciones pasadas, al derroche de agua de sus ciudadanos y las pugnas políticas que no han dejado avanzar ni aterrizar ningún proyecto.
Este 16 de enero se redujeron los horarios para tener agua en las tomas domiciliarias.  Sólo ocho horas de agua al día. Es una medida que pudiera aceptar la mayoría de los hermosillenses si no fuera que por culpa de malas decisiones no se le dio una solución a tiempo.
El problema es evidente y se ha tomado muy tarde la decisión de racionar el agua. Está bien, ahora los hermosillenses le hacen frente y se resignan, no es que estén de acuerdo, es que no les queda otra opción.
El gobierno de Guillermo Padrés debe preocuparse también por lo que puedan pensar los inversionistas y, sobre todo, buscar una solución a largo plazo. Será imposible ofrecer a los empresarios una ciudad donde ni siquiera hay agua suficiente para instalarse, desarrollar sus proyectos y generar empleos.
Este problema ya ha afectado severamente a la industria de la construcción. Desde finales de 2008 no se han construido viviendas y ello ha esfumado cientos de posibles empleos temporales, directos e indirectos.
Si el gobierno estatal actualmente piensa generar 35 mil empleos este sexenio deberá planear a la par un proyecto definitivo de abasto de agua.
Hermosillo no es el único municipio con este problema. En Nogales, en Guaymas, en Cananea, el conflicto es el mismo. Y mientras el gobierno se quiebra la cabeza, ya hay inversionistas que están pensando en mejor no arribar a Sonora. La sequía los ahuyenta.

El narcotráfico se apodera de todo
¿Cómo garantizar condiciones si un Estado está amenazado por el crimen organizado? Es algo que suena imposible o muy difícil, siendo optimistas.
El caso directo de Nogales, en la frontera del estado, es un pésimo ejemplo para las inversiones. En la primera quincena de enero, se registraron 40 ejecuciones, muy por arriba de diciembre de 2008 cuando se registraron 36 en todo el mes y una cifra arrasadora comparada con las 17 ejecuciones de noviembre.
En el discurso es muy sencillo decir que combatirán de frente al narcotráfico, que destinarán a quién sabe cuántos policías estatales y federales, que el Estado contratará a otros 400 efectivos y que todos serán sometidos a pruebas extenuantes para garantizar que son elementos honrados y probados, dispuestos a luchar por la gente.
Pero en la realidad no se percibe un avance en este sentido. Por el contrario, las ejecuciones han sembrado miedo en la comunidad, por lo que es imposible que haya condiciones para atraer nuevas inversiones extranjeras, principalmente de Estados Unidos que buscan mano de obra barata en sus maquiladoras.
La propuesta es enfrentar a la delincuencia con un programa simplón denominado “Gran Cruzada por la Seguridad”, que sólo tiene de ambicioso el nombre. En anteriores administraciones se ha impulsado a los valores humanos como una forma de alejarse de las drogas, de la delincuencia, del narcotráfico, de los malos pasos. La realidad actual nos dice cómo ha funcionado esa medida.
Es claro que se trata de una pérdida de valores entre la juventud, pero eso no lo es todo. Adentro está mezclado un problema también de pobreza, de desempleo, de falta de oportunidades. Es un todo absolutamente grande.

El reto de la guardería ABC

Sin duda el más significativo de los asuntos a los que el Gobierno no les ha dado una solución definitiva, es el del incendio de la guardería ABC, ocurrido en Hermosillo el 5 de junio de 2009, hace casi ocho meses, tema al que quizás por falta de oficio político o desatención permanece en espera.
No obstante, pese a la aparente disposición de ayudar a resolver el caso y que los culpables reciban su castigo, existe un descuadrado marco jurídico de leyes que lo impiden y lo atan. Tan sólo en días pasados, el mandatario estatal Guillermo Padrés lamentó  el hecho de que en México y Sonora tengan leyes tan inapropiadas que sirvan como base para la investigación a fondo de las causas que originaron la pérdida de 49 menores y fincar responsabilidades.
Marchas, huelgas de hambre, cartas al Ejecutivo nacional Felipe Calderón, expresiones en medios de comunicación, conformación de un Cómite especial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido las múltiples acciones que los deudos han realizado para obtener justicia a sus hijos muertos, sin embargo está aún no llega.
El pasado 18 de enero, María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla, magistrados de la SCJN al frente de dicho comité, presentaron por octava ocasión el informe mensual de las actividades que realizaron entre las que destaca la contratación de un grupo de peritos estadounidenses que efectuaron una investigación en las ruinas de la estancia infantil, para determinar las causas del siniestro, cuyo resultado se dará a conocer el próximo mes, sin embargo Patricia Duarte, madre de una de las victimas y vocera del Movimiento por la Justicia del 5 de junio, expresó que será hasta julio próximo cuando se obtenga el estudio final.
Resolución que, desafortunadamente no tiene poder para determinar una sentencia, sin embargo, “si servirá para que los abogados de los padres cuenten con elementos para fundamentar su demanda penal contra los dueños de la guardería y los responsables por la tragedia”, manifestó Duarte.
A la fecha, autoridades estatales y federales han fincado responsabilidad a más de 30 personas entre propietarios, funcionarios de los tres órdenes de gobierno así como elementos de bomberos. Sin embargo el delito imputado, homicidio culposo, es considerado no grave y por lo tanto los implicados han alcanzado fianza o amparos.
Patricia Duarte anunció que los padres de algunas de las victimas organizan una nueva marcha para el próximo cinco de febrero, con motivo del  octavo mes de la tragedia, a la que denominaron “Marcha por el respeto a la Constitución”, que iniciará en la guardería infantil y terminará en palacio estatal a partir de las cinco de la tarde.
Esta nueva década, que comenzó con el 1 de enero, no se vislumbra nada fácil. A los mexicanos y a los sonorenses en particular les queda sólo esperar a ver el desenlace.

Ernesto Munro Palacio. Secretario de Seguridad Pública en Sonora.

Felipe Calderón Hinojosa. Presidente de la República Mexicana.

Guillermo Padrés Elías. Jefe del Ejecutivo estatal.

Javier Gándara Magaña. Munícipe de Hermosillo.

José Luis Jardines Moreno. Director de Agua de Hermosillo.

María del Rosario Mota Cienfuegos. Magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Mación.

Abel Murrieta. Procurador de Justicia en la entidad.