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 Culpables
socios de ABC
Corrupción, negligencia y tráfico de influencias
En un país ya insensible a los escándalos y al dolor, el incendio de la guardería ABC vino a generar rabia e indignación, al tratarse de niños totalmente indefensos ante la criminal irresponsabilidad de los dueños y su magnifica complicidad con el IMMS y el resto de autoridades, convirtiéndose así en símbolo de la terrible corrupción en que estamos hundidos y marcó nuevos niveles de irresponsabilidad, de malos manejos, de dolo.
POR: GUADALUPE YOCUPICIO
Esta asamblea de ciudadanos, ejerciendo su derecho de expresión, y constituida en Juicio Ciudadano, de acuerdo con la votación del jurado, el veredicto es: culpables”.
A nueve meses de ocurrido el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde 49 menores perdieron la vida y más de 100 resultaron con lesiones de leves a graves, un jurado conformado por 368 personas y un juez moral, dictaron sentencia a los socios de la estancia infantil por delitos de negligencias de seguridad en el cuidado de menores, así como operación y construcción de ésta en una zona inapropiada.
Sandra Lucia Téllez Nieves, Gildardo Urquidez Serrano, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, Alfonso Escalante Hoeffer y Antonio Salido Pavlovich fueron juzgados el pasado 5 de marzo, por el juez ciudadano Jorge Martínez Soto durante el primero de tres juicios que habrán de realizarse a través del Movimiento por la Justicia del 5 de junio.
Los cargos imputados individualmente a los subrogatorios de la guardería, de acuerdo al siguiente orden, Marcía Matilde Gómez del Campo, según el jurado, “desde que inició el anteproyecto de la Guarderia ABC falseó la información ante el IMSS no manifestando que sería construída en una nave industrial que no reunía la condición necesaria y se localizaría anexo de una llantera, aprovechándose de su vinculación de parentesco con Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón y con Lourdes Laborín, esposa de Eduardo Bours”.
De igual manera, entre los cargos comunes imputados a los socios destacan el de fraude contra el Estado y ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, al no velar por la seguridad de los infantes y por no atender las recomendaciones de diversas autoridades sobre las irregularidades de seguridad en la bodega habilitada como guardería y por último, de haberse deslindado de su responsabilidad de brindar los recursos suficientes e inmediatos para la atención de las victimas.
La sentencia moral a la que fueron sometidos los inculpados, fue de acudir el próximo 5 de junio a las ruinas de la estancia con el fín de buscar una conciliación entre las partes involucradas, así como de regresar los ingresos percibidos bajo el esquema de subrogación durante 8 años y la imposibilidad de ocupar algún cargo público por el resto de sus vidas.
“Del dolor más profundo que pueda tener una familia y del sacrificio de seres humanos inocentes, México despierta, Hermosillo está despertando, Sonora está despertando”, expresó Julio Cesar Márquez, vocero del Movimiento al terminó del evento y aclaró que el juicio no es una manera de deslindar a las autoridades correspondientes de su trabajo, sino una manera de expresar el sentir general de la sociedad ante el lento proceso de justicia del caso. “En México la Constitución ha sido transformada para proteger a la corrupción”, subrayó.
Recientemente, los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla dieron a conocer su primer informe preliminar sobre el caso de la guardería ABC, y los resultados de los estudios realizados por los peritos estadounidenses The McMullen Company, el cual reveló que la causa del incendio fue un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como “cooler”, originado en la bodega contigua a la estancia, donde la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.
Por su parte, Steve Van Ricley, presidente de The McMullen Company, con sede en ChulaVista, California, manifestó: “el método utilizado en la formulación del peritaje final sobre la causa, origen y propagación del incendio, ha cumplido con los más estrictos requerimientos de la Suprema Corte”.
En dicho informe, los magistrados manifestaron que en torno al caso, habían encontrado un “desorden generalizado”, del IMSS en relación al otorgamiento de contratos, operación y vigilancia de las estancias y destacaron que esa institución “carece de fundamento legal” para otorgar a terceros el servicio que actualmente prestan dichos centros.
Por otra parte, establecieron que el siniestro “fue la suma de diversos factores de riesgo no atendidos oportuna ni adecuadamente por las autoridades delegacionales del IMSS, Gobierno de Sonora y ayuntamiento de Hermosillo” por permitir funcionar dicha estancia, aun cuando está incurría en anomalías graves.
Alrededor de 15 funcionarios fueron los que responsabilizó la SCJN, entre los que se encuentran el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours, el director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; al exsecretario de Hacienda de Sonora, Miguel Eugenio Lohr Martínez, y a quien fuera edil de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, por considerar que existieron violaciones graves a las garantías individuales.
Con paso firme, recorriendo las calles de una cruda ciudad en la que aparentemente sus inquilinos, ni siquiera quienes supuestamente se encargan de velar por el pueblo, parece importarles el cumplimiento de la justicia, los padres de las victimas del siniestro de la guardería ABC, una vez más demuestran que están hechos de valor y fortaleza, virtud inalienable durante estos días en los que la justicia al parecer pasó a la historia.
Un 5 de febrero pero de 1917, idealistas revolucionarios veían plasmados sus fines de lucha en una Constitución, por la que se esforzaron y defendieron, y que garantizaría a futuro, las garantías individuales a las que actualmente tenemos derecho pero difícilmente tenemos acceso, como ha sido la exigencia por parte de las victimas de ABC de que se aplique todo el peso de la ley a quienes resulten responsables de, sin exagerar, la tragedia más grande que ha vivido el mundo, no es sino una más en el amplísimo catálogo de males, impunidad, torpezas y abandono en que nuestro México se agota.
La lucha sin embargo, debemos reconocer no es únicamente por quienes han perdido la vida, sino por los que a su corta edad, la posibilidad de una vida plena y satisfactoria se ha visto truncada por la serie de secuelas y mutilaciones de las que han sido objeto, en un intento por rescatar un soplo de vida que les fue arrebatada.
Sin más apoyo que el de ellos mismos y el de personas de conciencia a las que afortunadamente la perdida de casi medio centenar de menores si importa, los reclamos de justicia,- presentes-, surcan los cielos y aturden los oídos de quienes por tener poderosos apellidos no han sido tocados ni con el pétalo de una prisión preventiva: ni los allegados al ex mandatario Eduardo Bours ni los emparentados con la esposa de Felipe Calderón, pero en cambio sólo hubo ínfimos chivos expiatorios.
En un país en constante detrimento de sus instituciones y la falta de visión por lo más fundamental de nuestra sociedad; los niños y sus familias, hablar de justicia paso de ser un derecho social a un privilegio, a la que desafortunadamente sólo pueden acceder quienes puedan pagarla.
Como apuntará Carlos de la Torre –integrante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos–: la tragedia de Hermosillo es una excelente oportunidad para que la SCJN “salga del formalismo jurídico y desarrolle una doctrina de derechos humanos en la que el Estado asuma como obligaciones el respeto, protección y garantías a esos derechos”.
Sin embargo, la resolución de la Comisión Especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el caso, se espera concluya a más tardar el próximo 15 de julio, al termino del periodo ordinario de sesiones.
No obstante, el gran temor que prevalece es que México pase a la historia como una sociedad que permitió que murieran 49 niños, debido a la avaricia, negligencia y la incompetencia de pocos, sin que se impusiera un castigo ejemplar.
En un país ya insensible a los escándalos y al dolor, el incendio de la guardería ABC vino a generar rabia e indignación, al tratarse de niños totalmente indefensos ante la criminal irresponsabilidad de los dueños y su magnifica complicidad con el IMMS y el resto de autoridades, convirtiéndose así en símbolo de la terrible corrupción en que estamos hundidos y marcó nuevos niveles de irresponsabilidad, de malos manejos, de dolo.
Todo esto no es más que las consecuencias del Estado, al deslindarse de sus viejas obligaciones, no es más que la práctica usual del neoliberalismo. Lo más terrible, cuando sus consecuencias asesinan niños pequeños de familias proletarias, de madres solteras, volviéndose inconcebible
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