Mineros de Cananea: Violación a sus derechos
Embestida gobierno-empresarial contra el sindicalismo de lucha

POR: Ricardo Maldonado
Al rotundo fracaso del “presidente del empleo”, que al término del año pasado registró 2 y medio millones de trabajadores de la Población Económicamente Activa (PEA) desocupados, el registro histórico agrega a los anales una persistente cruzada gobierno-empresarial contra las organizaciones independientes del sindicalismo organizado.
Buen ejemplo de esta agresión contra los sindicatos que defienden el interés profesional de los trabajadores y sus centros de trabajo son: la disolución anticonstitucional de la empresa de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y la acometida contra la existencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y el atentado judicial contra los mineros de Cananea.
Son los dos casos sobresalientes en los que está en juego, no solamente la falta de respeto a los derechos laborales de la clase obrera; sino, inclusive la vigencia de la Ley Federal del Trabajo y la Constitución Política. Los hechos registrados hasta ahora, son fundamentalmente, el desconocimiento de la contratación colectiva y los derechos de huelga.
En estos conflictos, como en muchísimos otros, la vigencia de la legalidad ha sido quebrantada sistemáticamente por los patrones y más grave aún, por las autoridades laborales: Juntas de Conciliación y Arbitraje y por el titular de la Secretaría del Trabajo, con disposiciones que a medida que se han ido generalizando, muestran claramente que se trata de una política oficial anti sindicalista.
Tal es el caso de que a través de un decreto (9/10/09) expedido por el Ejecutivo Federal, asumiendo facultades por encima de la Constitución. So pretexto de su responsabilidad reglamentaria, dictó una ley de hecho mediante la cual ordenó la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con lo cual, pisoteó el artículo 89 constitucional.
Ante semejante desacato, el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyos intereses se vieron agredidos por la acción del Ejecutivo, se amparó, procedimiento que una juez de Distrito le negó a la organización sindical que, ahora, se encuentra a la espera de la solución del recurso de revisión, que se interpuso, ante un tribunal colegiado.
El Estado mexicano, a través de la actuación de los instrumentos señalados, encargados de vigilar las relaciones entre el capital y el trabajo, se ha convertido en parte de los conflictos laborales y lamentablemente, en contra del espíritu constitucional, de proteger a la parte débil –los trabajadores- en la contratación, para beneficiar los intereses empresariales.
La política anti obrera y contra sindical del gobierno federal ha influido en la actitud y determinación de jueces federales y estatales en contra de los derechos laborales; en abierta transgresión de la autonomía del Poder Judicial, muchos de ellos se han sometido a las presiones y exigencias del gobierno que está asumiendo una actitud francamente patronalista.

El caso Cananea, aberración jurídica
Es una medida que socaba la vigencia del Estado de derecho en el país y exhibe el bajísimo nivel de protección en que se encuentran los trabajadores. Pero más aún: pone al descubierto la asociación perversa de los intereses empresariales y autoridades gubernamentales, mutila las posibilidades de solución al conflicto, al cerrar las posibilidades de una posible negociación.
El fallo judicial es una demostración abierta del hostigamiento judicial, la represión y criminalización de las administraciones federales del pasado gobierno y del actual, contra la organización sindical. Es resultado de la campaña emprendida contra el sindicato minero, cuya primera acción fue el desconocimiento del dirigente del gremio, Napoleón Gómez Urrutia.
Pero es también una muestra palpable de las lamentables condiciones en que laboran los trabajadores del sector minero en el país; lo que quedó dolorosamente patente con el accidente ocurrido el 19 de febrero del 2006 en el socavón de Pasta de Conchos, Coahuila, donde 65 trabajadores encontraron la muerte.
Pero volviendo a la resolución del segundo tribunal colegiado en materia laboral del Distrito Federal sobre la huelga en cananea –acontecimiento que en este año del bicentenario de la Independencia y centenario de la revolución Mexicana- durante los 30 meses que duró la huelga en Sonora y en los yacimientos de Guerrero y Zacatecas, la postura de las autoridades ha sido abiertamente favorable a la empresa de la familia Larrea propietaria de las minas y contra el sindicato.
Claramente lo demuestran los cinco laudos y las tres declaraciones de inexistencia de la huelga dictados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, con el fallo del tribunal colegiado, el órgano jurisdiccional muestra su supeditación a los dictados del gobierno federal; o, dicho de otro modo: a favor de la empresa propiedad de Germán Larrea.
Las cosas en el sector laboral, van más allá: las ofensivas que el gobierno ha lanzado contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, contra los mineros y hace unos días contra los profesionales, técnicos y trabajadores especializados petroleros, está inobjetablemente ligado a otro propósito gubernamental: la contrarreforma laboral en ciernes que se tiene preparada para el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
El secretario del Trabajo, Javier Lozano, ha declarado que en este periodo de sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, quedará aprobada la iniciativa de reforma a la ley laboral que, a decir de los abogados especializados en derecho laboral, está dirigida a “flexibilizar” la relación entre los trabajadores y las empresas.
Esa flexibilización, no es otra cosa que disminuir los derechos de contratación colectiva, establecer la contratación individual, por hora y por destajo; desaparecer las conquistas que los sindicatos han logrado en los últimos cien años; particularmente, desaparecer el derecho de antigüedad, la garantía en el trabajo y, especialmente, el derecho de huelga.
En síntesis: profundizar las condiciones de precariedad de los trabajadores, eliminar los derechos laborales y cambiar la lucha de clases, por una incondicional colaboración de la fuerza de trabajo con sus contratadores; eso, en caso de que se deje vivir el derecho de agrupación que tienen los trabajadores y todo mexicano; porque, la intención a fondo, no está oculta: se trata de la desaparición del sindicalismo y la lucha de clases.
De paso, apuntamos –a reserva de ir a fondo en próxima colaboración- que a esta oleada contra el sindicalismo, se suman, los despidos, jubilaciones forzadas y expulsiones violentas de sus lugares de trabajo, en Petróleos mexicanos, de miembros de la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTPP) organización que cuenta con registro legal y la “toma de nota” de su comité ejecutivo.
Esta embestida gobierno-empresarial, apenas empieza y será una lucha larga y, esperemos que no sangrienta; pero, sin duda ninguna, sumamente grave para la clase trabajadora y sus derechos y si el Congreso lo tolera, los propósitos de quienes detentan el poder, sería ir hasta la desaparición del artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y el sindicalismo, incluyendo más tarde a quienes ahora los apoyan.